Tópicos y realidades sobre Transferencia de Conocimiento en España

Uno de los tópicos sobre el sistema de innovación en España es que somos una potencia en investigación (posición 11 en el número de publicaciones científicas) pero tenemos malos resultados en innovación[1]. Los indicadores sobre publicaciones son bastante claros, pero los que refieren a los malos resultados en innovación son algo más difusos. Por un lado, se suele acudir al número de patentes solicitadas en alguna oficina de patentes (posición 20 en número de solicitudes de patentes en España por residentes -posición 23 si incluimos a no residentes-, posición 18 en número de solicitudes PCT en España [2]), si bien las patentes, que la mayor parte no se explota, poco informan sobre innovación. También se utilizan índices complejos de medición de innovación (posición 19 en el European Innovation Scoreboard [3], posición 34 en el Global Competitivity Index[4]).

De manera casi automática esta valoración se traslada al sistema universitario español en los siguientes términos: los investigadores universitarios tienen una producción científica excelente a nivel global y las universidades transfieren poco conocimiento a las empresas. Sin embargo, apenas hay comparativas internacionales que muestren indicadores sobre el rendimiento de las universidades españolas en materia de transferencia de conocimiento. Ello es comprensible dada la ausencia de indicadores tan estandarizados como lo son las publicaciones en revistas indexadas para la ciencia, o las patentes para la innovación. No obstante, se da por hecho que esto es así, probablemente, porque es la percepción subjetiva que tienen muchos conocedores del sistema de innovación español. En cualquier caso, sería deseable disponer de datos que dieran soporte a esas opiniones.

Salvo algunos países como el Reino Unido, con tradición en la recogida de información sobre tercera misión de las universidades, las principales fuentes de información sobre transferencia de conocimiento académico las proporcionan las asociaciones y redes que agrupan a las oficinas y profesionales de transferencia. En España, RedOTRI-CRUE realiza esta recogida de información desde hace muchos años, la cual da lugar a un informe anual y es fuente para análisis publicados por otros[5].  A nivel europeo ASTP recaba y publica información similar y en EEUU es AUTM la que viene acometiendo desde hace más de 25 años una encuesta anual sobre licencias académicas.

Si bien, muchas preguntas de estas encuestas son similares, las prácticas en transferencia de tecnología que se dan en cada país son muy diferentes, condicionando, incluso, la propia comprensión de dichas preguntas. No obstante, merece la pena comparar internacionalmente datos disponibles sobre transferencia de conocimiento académico, con las reservas y puntualizaciones que sean necesarias.

A continuación, se presentan datos recabados por las tres entidades mencionadas. Los datos corresponden al año 2016, que es el más reciente para la información publicada por ASTP. La recogida de información en el caso de esta asociación europea es, en algunos casos, directamente de sus miembros, pero, en el caso de contar con asociaciones nacionales vinculadas, tal recogida se hace, en lo posible, vía dichas asociaciones o incluso a partir de la información proporcionada por la administración. Por este motivo, la información de ASTP es desigual en cuanto a países representados en la misma. Por otro lado, la información de AUTM refiere a unas 200 entidades, mayormente universidades, pero también otras instituciones académicas como los laboratorios federales o los hospitales que realizan investigación. En este sentido es semejante a ASTP. Sin embargo, no refleja el conjunto universitario norteamericano, con más de 4.000 instituciones de muy diversa índole, sino sólo de las que son activas en investigación y transferencia de conocimiento. En el caso de REDOTRI-CRUE la información refleja el conjunto de las universidades españolas, pero no a otros centros de investigación.

Sujeto a las precisiones que se indican más abajo y buscando aspectos significativos sustanciales que no se vean alterados por el hecho de que algunas cifras no se obtengan con el mismo método, la comparación de las tres fuentes de información se refleja en la Tabla 1. En la tabla se recoge el total reportado del indicador, pero también el número de instituciones que responden a cada uno de ellos, muy desigual según país en el caso de ASTP, y la media por institución que resulta de ambos datos. En el caso de AUTM y REDOTRI-CRUE, en que se dispone también del dato sobre el volumen captado de financiación para I+D (1.474M€ en el caso español y 66,9B$ en el norteamericano), la tabla recoge también el indicador de transferencia en relación a la inversión en generación de conocimiento, lo cual permite homogeneizar dichos indicadores de mejor forma que en relación al número de entidades, las cuales pueden tener tamaños muy diferentes.

La información de AUTM sobre investigación contratada se reduce al volumen de financiación de la misma, que además se presenta como una parte pequeña de la financiación de la I+D (6,8%) que obtienen las instituciones norteamericanas. En esta fuente no se detalla, como hacen ASTP y REDOTRI-CRUE, si tal financiación es para investigación subcontratada, colaborativa o para actividades de consultoría experta. En EEUU y otros países, esta última, frecuentemente, se realiza fuera del marco universitario.

Al contrario de lo que sucede en España, en EEUU los “sponsored research agreements”, que son el instrumento de investigación académica para las empresas, no suelen asignar a éstas la titularidad de las patentes obtenidas, sino una opción de licencia sobre las mismas. que posteriormente puede ser ejecutada. En Europa, las opciones de licencia son mucho menos utilizadas, como sugiere el hecho de que más de dos terceras partes de los encuestados no reportaran ninguna.

Es conveniente destacar que las cifras incluidas en la tabla no permiten ver que hay casos muy singulares, que distorsionan notablemente los valores medios. De hecho, ASTP reporta 36 “outliers” en los diversos indicadores utilizados. Así, en el caso de la información recogida por ASTP una única entidad reportó más de 24.000 licencias, más del 50% de las reportadas por los 422 entidades que contestaron, y un tercio de las mismas no indicaron ninguna licencia. Igualmente, la mitad de los ingresos por propiedad industrial se concentran en el 1% de los encuestados y más de la cuarta parte de éstos reportan que no han tenido ingresos de ese tipo. AUTM también destaca algunos comportamientos outliers procedentes de ventas de participaciones en start-ups o litigios por patentes, y que son considerados como ingresos por licencias. En España estas situaciones se dan en menor medida (un tercio de las universidades captan un 70% de los ingresos por transferencia), lo que revela un colectivo universitario más homogéneo que en otras latitudes.

Dicho lo anterior, el principal interés de este artículo es confirmar, o no, con indicadores, el supuesto pobre comportamiento de las universidades españolas en transferencia de conocimiento. Los datos reflejan que, en términos medios por institución, los resultados de transferencia de las universidades españoles son peores que los que recoge ASTP para Europa y AUTM para EEUU. Sin embargo, tales datos no son tan deficientes si se miden en relación a la financiación que captan las instituciones para hacer investigación, es decir cuando se ve la relación output versus input. En este tipo de parámetro, la comparación se limita a los datos ofrecidos por REDOTRI-CRUE y AUTM.

Tabla 1: Comparación internacional de resultados de transferencia de conocimiento. Año 2016

[ver tabla]

Así, el número de comunicaciones de invención o de solicitudes de patentes por euro captado para investigar es sensiblemente mejor en las universidades españolas que en las instituciones norteamericanas. Lo mismo sucede con el número de licencias, el número de spin-off o la investigación contratada por la industria. La excepción a este comportamiento está en los ingresos derivados de la propiedad intelectual. En el caso norteamericano tales ingresos, en proporción a los recursos económicos invertidos, son notablemente superiores a los reportados por las universidades españolas.

Es importante destacar que los datos de desempeño en transferencia de conocimiento reflejan, cuando se miden en términos relativos a los recursos invertidos, un mejor comportamiento español frente al norteamericano cuando se trata de ingresos por contratos con la industria y un peor comportamiento cuando se trata de ingresos por licencias. Pero si sumamos ambas rúbricas de ingresos, el resultado de las universidades españolas es de 0,158€ por cada euro de financiación de investigación, mientras que en EEUU es de 0,102€.

Siendo este dato sorprendente porque podría contradecir la opinión generalizada sobre el mal rendimiento de la transferencia de conocimiento en las universidades españolas, creo que la conclusión principal a extraer no es que tengamos un desempeño razonable. Sí que es importante tomar nota del dato para matizar cómo está siendo el rendimiento de las universidades españolas en esta materia, pero es importante fijarse en otras conclusiones que reflejan estos datos. Si bien destaca de manera especial la enorme financiación para I+D con que cuentan las instituciones norteamericanas, me detendré en otros aspectos, más centrados en la actividad de transferencia de conocimiento.

La más relevante, a mi juicio, es la dificultad que hay en las universidades españolas para explotar la propiedad intelectual e industrial. Dejando aparte la ratio relativa a la financiación de I+D, las cifras absolutas de licencias y de ingresos por licencias resultan anormalmente bajas en dichas instituciones. Creo conveniente generar un debate sobre ello para analizar sus causas y las posibles soluciones.

En primer lugar señalaría el sistema de incentivos que tienen las universidades españolas como uno de los motivos que pueden explicar este comportamiento. La posibilidad de aumentar las retribuciones de los académicos derivada de los llamados contratos art. 83[1] les genera un incentivo con características muy singulares, que decanta su interés a favor de los contratos de I+D y consultoría con terceros, como mecanismo de transferencia de conocimiento, frente a las licencias. De hecho, la Tabla 1 muestra que es en estos instrumentos donde España presenta un mejor comportamiento en transferencia de conocimiento. Se trata de un incentivo cierto, de corto plazo y muy discrecional en cuanto a su importe. Este incentivo supone una combinación perfecta con una posición funcionarial que otorga una seguridad y estabilidad completa y una retribución aceptable, aunque sea inferior a la de otros países. En otros lugares e, incluso, en otro tipo de instituciones españolas, salvo el CSIC, que cuenta con un mecanismo parecido a las universidades, los incentivos por participar en contratos con la industria no tienen el alcance que ofrecen los contratos art. 83. Sería interesante una comparación entre tipos de instituciones académicas españolas (universidades, centros de I+D, institutos de investigación sanitaria…) con diferentes modelos de incentivos.

Por el contrario, las patentes y sus licencias, aunque pudieran ser más lucrativas, resultan inciertas en el importe, de largo plazo e, incluso, de probabilidad dudosa, pues sólo una proporción minoritaria de las patentes genera ingresos. De este modo, los incentivos por contratos art. 83 modelan el perfil de transferencia de conocimiento de las universidades españolas. Y lo hacen, además, orientando dichos contratos con empresas, por un lado, a actividades de bajo riesgo, como son la consultoría y la formación a medida. Y, por otro, a propiciar que la empresa se quede con la titularidad de la propiedad industrial a cambio de retribuir, a veces de forma ridícula, el tiempo dedicado por los académicos a dichos contratos. De este modo, la universidad no es titular de las patentes que puedan derivar de esos contratos ni se generan licencias de las mismas.

Introducir un cambio en este esquema de incentivos no es sencillo y, seguramente, requiere reformas legislativas profundas, que quizá tendrían que pasar por cambiar el estatuto funcionarial de los académicos y hacerlo más similar al que tienen en otros países. Está por ver si el llamado sexenio de transferencia, recientemente introducido, modificará el patrón de comportamiento mencionado, pero es dudoso que así ocurra.

Otro motivo que puede explicar el menor uso de las licencias para transferir tecnología radica en el perfil de las empresas españolas, con poca capacidad de absorción de tecnología y, consecuentemente, poco dado a adquirir licencias de patentes, y, en particular, en la dificultad para generar y desarrollar empresas spin-off. El informe de AUTM indica que el 70% de las licencias se realizaron a empresas spin-off y, además, comenta que está disminuyendo el interés de las grandes empresas por obtener licencias exclusivas de tecnología, que se plantean cuando la empresa tiene que invertir fuertemente en desarrollo. Estas empresas prefieren comprar empresas pequeñas que sean quienes hayan soportado el riesgo de las fases iniciales de la puesta en explotación de las tecnologías de origen académico. En el caso español, la cifra recogida por REDOTRI-CRUE es que sólo el 22% de las licencias van a parar a este tipo de empresas.

No contamos con datos sobre la proporción de ingresos por licencias que proceden de spin-off. Se suele suponer que estas empresas aportan pocos ingresos porque se las identifica como empresas pequeñas y muchas de ellas no sobreviven. Pero, si se desarrollan, pueden ser realmente grandes[2] y representar una parte relevante de los ingresos por licencias, tanto si vienen por la vía de royalties o de pagos por hitos, como si vienen como consecuencia del capital social que la institución tenga en la spin-off.

Si generamos pocas spin-off, al menos en términos absolutos, y las empresas grandes, de por sí escasas en nuestro entorno próximo, van reduciendo su compra de licencias, el mercado para comercializar tecnologías por esta vía resulta pequeño. El tejido de empresas medianas en nuestro entorno con comportamiento innovador, pese a que sea el mayoritario, es reducido en números absolutos y su cultura sobre patentes es muy baja, como lo demuestra el que sólo hay 5 empresas entre las 10 entidades españoles que más patentes europeas solicitan[3].

A la vista de lo comentado, un incremento del número de licencias por parte de las universidades, y también de ingresos por este concepto, debe venir de una mayor creación de spin-off y, sobre todo, de un mejor desarrollo y crecimiento de éstas. Y ello requiere, entre otras medidas, un mayor tamaño y una mayor actividad y diversidad del tejido inversor. El seed capital, en España, ha sido un actor casi desconocido en los entornos académicos. Una mayor presencia de estos actores estimularía la aparición de oportunidades para emprendedores y para mentores de nuevos negocios. También serían necesarias nuevas medidas de dinamización de la cultura emprendedora orientada a empresas basadas en conocimiento, así como la eliminación de algunas incertidumbres regulatorias respecto a la movilidad de los académicos hacia este tipo de empresas.

El papel jugado por las oficinas de transferencia también podría ser tercer un motivo que explique el escaso resultados en licencias por parte de las universidades. Las OTRI fueron nutridas con personal que empezó siendo contratado con ayudas públicas cuyas dotaciones no permitían contratar personal con experiencia comercial e industrial. Tampoco los mecanismos de selección y contratación universitaria, y mucho menos los de retención de personal, todos ellos enfocados para personal administrativo, ayudaban a incorporar ese tipo de profesionales. Las OTRI se han adaptado a los instrumentos de transferencia de conocimiento que más han utilizado las universidades y para ello han seguido las pautas institucionales que se les han marcado, crecientemente dirigidas a aspectos de control legal, económico y administrativo.

Una reconversión de las unidades de transferencia puede que requiera una modificación de su estatuto legal, como ha ocurrido en Francia con la creación de las SATT[4] o unos cambios en las pautas de gestión de personal no académico, que difícilmente podrían hacerse sin abordar una reforma universitaria en profundidad. En todo caso, probablemente sería poco efectivo un cambio de este tipo en las oficinas de transferencia sin abordar modificaciones que permitan abordar los otros motivos indicados.

Al margen de analizar la situación de las licencias en las universidades españolas, otro elemento a reflexionar de la comparación de los datos de transferencia de REDOTRI-CRUE, ASTP y AUTM es la dispersión de los desempeños en transferencia: por un lado unas pocas entidades acumulan buena parte de los resultados –destacan incluso como outliers- y, por otro, un número amplio de instituciones presentan indicadores nulos o muy bajos. ¿Hay una masa crítica mínima necesaria para abordar la protección y licencia de tecnologías? ¿Es viable mutualizar esta actividad entre varias instituciones? España tiene un sistema universitario muy homogéneo y compacto. Esto, sin duda tiene un valor y permite que en los rankings internacionales España cuente con una proporción de sus universidades mayor que otros países avanzados. Pero es posible que en nuestro sistema falte la flexibilidad que permita más diversidad y, por qué no, algunos outliers, es decir, casos de éxito singulares que generen referencias estimulantes.

Conclusión

La supuesta escasa efectividad del sistema de transferencia de conocimiento de las entidades académicas españolas debe ser muy matizada si se toma en consideración el volumen de financiación de I+D que permite generar el conocimiento a transferir. No obstante, los mecanismos de transferencia basados en licencias de propiedad intelectual e industrial de dichas entidades presentan unos escasos resultados cuyas causas están en los sistemas de incentivos a los académicos, el comportamiento empresarial en relación a la propiedad industrial, el pequeño tejido inversor en spin-off y, en menor medida, la configuración de las oficinas de transferencia. Afrontar estas causas para mejorar sustancialmente estos resultados requiere modificaciones profundas en el sistema español de innovación.


[1] El art. 83 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades posibilita a los profesores realizar contratos con empresas u otras entidades a través de la universidad y a recibir una remuneración derivada de los mismos

[2] Ver el palmarés de spin-off de Stanford en https://web.stanford.edu/~learnest/spin/Spinoffs.html

[3] European Patent Office Annual Report 2018. Ver noticia en http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2019/2019_03_13_InformeAnual2018OficinaEuropeaPatentes.html

[4] Ver https://www.satt.fr

[1]Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España (2017), Fundación Alternativas

[2] World Intellectual Property Statistics 2018, WIPO

[3] European Innovation Scoreboard 2019, European Commission

[4] Global Competitiviness Report 2017-2018, World Economic Forum

[5] Ver www.fundacioncyd.org y www.iune.es

RECURSOS HUMANOS EN TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Documento de posición de la Asociación RedTransfer

El desarrollo de la “Sociedad del Conocimiento” no sólo ha dado lugar a una relevante actividad en investigación científica y técnica y a la introducción de innovaciones basadas en ésta sino a que el “conocimiento” sea objeto de intercambio entre diferentes organizaciones. A esta actividad, relativamente reciente, la llamamos Transferencia de Conocimiento y conlleva desde la preparación del conocimiento para ser intercambiado por quien lo ha generado hasta la organización de las condiciones que permiten aplicarlo por quien lo recibe. Se trata de un proceso realizado fundamentalmente por personas.

Lo que podría parecer una actividad sencilla, en realidad requiere recursos humanos con muchos perfiles competenciales: técnico, legal, financiero, gerencial, comercial. De este modo, la Transferencia de Conocimiento es, más que una profesión para la cual uno puede encontrar una formación superior inicial, un sector (o subsector) de actividad dentro del Sistema de Innovación. Mucho más pequeño que otros sectores como el sanitario o el educativo pero, al igual que éstos, con diversidad de perfiles según la función que se vaya a desarrollar en el mismo. Aunque pequeño, se trata de un sector importante, porque en la Sociedad del Conocimiento, los intercambios de éste son un aspecto clave para su avance. Es relevante que esos intercambios, esa transferencia, se haga de forma correcta y eficiente y que ayude a construir una sociedad mejor. Y, para ello, es necesario aplicar conocimientos, técnicas y reglas propias de esta actividad. Es decir, debe hacerse de modo profesional.

RedTransfer, como asociación profesional en este sector, pretende aportar reflexión y criterio en torno a la gestión de los recursos humanos dedicados a la Transferencia del Conocimiento. Tal reflexión va dirigida no sólo a dichas personas, sino también a los empleadores de los profesionales. Igualmente, también va dirigida a la administración, como instancia reguladora de la vida económica y social y responsable de fomentar esta actividad.

En otros países asociaciones como RedTransfer se han enfrentado a estos temas y han ido produciendo documentos y actuaciones que inciden en el desarrollo profesional en el sector. Obviamente, sus aportaciones habrá que considerarlas teniendo en cuenta la diferencia en los contextos institucionales y legales de los países.

Son varios los elementos que RedTransfer considera relevantes en un análisis sobre los recursos humanos en transferencia de conocimiento. A cada uno de ellos se dedica un apartado en el presente documento. Son los siguientes:

Perfiles profesionales. Son diversas las funciones a realizar para transferir conocimiento y para las cuales se requieren diferentes competencias.

Competencias. Cada perfil requiere unas capacidades y competencias, algunas técnicas y específicas, otras son habilidades transversales.

Certificación profesional. Los sistemas de certificación y recertificación profesional contribuyen a la efectividad y a la eficiencia de una actividad.

Carrera profesional. El desarrollo profesional siempre tiene una progresión, desde niveles iniciales a niveles de experto y de mayores responsabilidades.

Retribución. Cuestión básica en cualquier actividad laboral y en la que inciden no sólo producción o productividad, sino también el contexto institucional en que se realiza.

Etica profesional. Como en otros sectores, la existencia de un código deontológico, conocido y respetado es un factor que fortalece el desarrollo profesional.

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TRANSFERENCIA VERSUS TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO: LOS NUEVOS SEXENIOS.

El presente artículo ha sido escrito por Fernando Conesa, primer presidente de RedTransfer, y asumido y aceptado por el comité ejecutivo para su difusión en nombre de la asociación.

Recientemente, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha publicado la convocatoria de los sexenios de transferencia de conocimiento, planteada como una experiencia piloto. Es legítimo y meritorio el propósito de sus promotores de reconocer y premiar la contribución de profesorado e investigadores al cometido de transferir conocimiento al entorno socioeconómico y de difundir el mismo a la Sociedad. En la Universidad, a ambos aspectos se les ha denominado Tercera Misión, como forma de diferenciarla de la misión docente (Primera Misión) y la misión investigadora (Segunda Misión). La respuesta de universidades y centros públicos de investigación ha sido contundente. Las cerca de 17.000 solicitudes presentadas revelan que, si bien no hay una implicación de la mayor parte de dicho personal docente e investigador en la Tercera Misión, sí que es un colectivo muy relevante el que se siente implicado en la misma y se ha movilizado con la convocatoria.

Detrás de la convocatoria de estos sexenios hay un marco conceptual propuesto desde la CRUE por un grupo notable de líderes académicos a través del documento Transferencia de conocimiento. Un nuevo modelo para su prestigio e impulso. Tuve la oportunidad de participar en un pequeño grupo de universidades que testaron el modelo, si bien sin cometido para aportar al mismo. Desde mi experiencia de 30 años en transferencia de conocimiento, que me ha permitido conocer también el funcionamiento de esta actividad en otros países y continentes, quisiera aportar elementos que ayuden en la conceptualización.

Considero conveniente diferenciar entre transferencia y transmisión de conocimiento. Frecuentemente se confunden entre sí. Sería más valioso si se reservara a cada uno de ellos un significado. La transferencia de conocimiento es un concepto desarrollado en el entorno académico que amplía el de transferencia de tecnología, proveniente del comercio de patentes entre empresas. Desde hace algunas décadas, las entidades académicas participan en la economía basada en conocimiento incorporando, de forma directa en sus cadenas de valor, no sólo tecnología mediante licencia de sus patentes y otros objetos de propiedad intelectual a spin-off o a empresas existentes, sino conocimiento resultante de actividades de I+D contratada o colaborativa. Igualmente, aporta conocimiento experto a través de consultoría y formación basada en conocimiento propio o de dominio público, y también aporta el conocimiento que procede del aprovechamiento de la infraestructura científica a través de servicios técnicos demandados por el entorno socioeconómico. Todas estas vías son válidas para el conocimiento científico-técnico, pero también para el procedente de las ciencias sociales y las humanidades.

Lo que caracteriza la transferencia de conocimiento es que hay una incorporación del mismo a una cadena de valor y, por ello, se otorga un valor al titular de sus derechos. Esta circunstancia provoca que la titularidad esté en el corazón de cualquier proceso de transferencia de conocimiento. Como contrapartida, tiene una compensación, que normalmente es económica, pero que puede ser también de otro tipo. De hecho, la creciente dinámica de “colaboración” en la investigación y la innovación cada vez plantea más situaciones de “intercambio” no económico de conocimiento, a veces en forma de licencias cruzadas, pero también en forma de acuerdos de confidencialidad o de transferencia de material. Igualmente, la mencionada dinámica de colaboración también plantea escenarios de compartición de derechos tanto de titularidad como de explotación. En transferencia se entrega conocimiento, a cambio de algo y hay una cadena de valor que sustenta esa compensación.

Los instrumentos jurídicos para la transferencia incluyen los contratos mercantiles, que para las entidades académicas están amparados por el art. 83 de la Ley Orgánica de Universidades y también por el art. 36 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, al cual, pese a su importancia, se le presta poca atención. Pero también los convenios de colaboración, como los acuerdos de consorcio en proyectos colaborativos o los que regulan movilidad de investigadores, amparados por el art. 34 de dicha Ley, pueden regular condiciones relativas a la transferencia de conocimiento. Cierto es que no resulta sencillo valorar las compensaciones no económicas que se establecen y que, cuando se dan compensaciones económicas, la línea que separa un convenio de un contrato puede ser difícil de determinar. Para mayor seguridad jurídica, este asunto debería ser objeto de mayor claridad en sus aspectos administrativos y fiscales por la Administración.

Considero que los indicadores principales de transferencia de conocimiento están alrededor de estos negocios jurídicos. Las relaciones informales que pueda haber entre investigadores y empresas, que también están asociadas a la transferencia de conocimiento, finalmente deben cristalizar en ese tipo de acuerdos.

La transmisión de conocimiento, por el contrario, tiene un comportamiento unidireccional. Se transmite conocimiento a los estudiantes de grado, de máster y mediante la oferta de formación permanente. Ya sean conocimientos disciplinares o transversales. Esto forma parte de lo que sería Primera Misión de la Universidad. No hay un propósito directo de que ese conocimiento se incorpore a una cadena de valor, si bien no cabe duda que ese conocimiento podrá ser utilizado por los empleadores de las personas que reciben esa formación o incluso por los propios estudiantes para emprender un negocio.

También hay transmisión de conocimiento en la formación de doctores, la movilidad de investigadores por estancias temporales o por cambio de trabajo, las publicaciones científicas y las relaciones formales o informales entre investigadores, consecuencia de la su actividad investigadora, es decir, de su Segunda Misión. El propósito en estos casos tampoco es la incorporación del conocimiento a una cadena de valor. Pero, tampoco cabe duda, de que lo aprendido en esta transmisión puede llegar a ser utilizado por investigadores y por empresas para ser incorporado en una cadena de valor.

Sí que hay una transmisión de conocimiento ligada a la Tercera Misión de las entidades académicas, y es la que pone el foco en la Sociedad o en actividades de interés general, no estando vinculada a una determinada cadena de valor y no generándose una compensación por ello. Es el caso de la divulgación de conocimiento a través de prensa, de programas de televisión, de publicaciones abiertas, de charlas, de Internet, de exposiciones, de museos, de conciertos. También las actividades de colaboración con la comunidad local (ayuntamientos, asociaciones, etc). Son actividades que incluyen las tradicionalmente llamadas de extensión. Estas actividades resultan muy difíciles de estandarizar y medir.

El documento de la CRUE incluye indicadores de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), tales como cooperación al desarrollo, igualdad de género o atención a la discapacidad entre los indicadores de transferencia. Considero que la RSC no forma parte de la Tercera Misión académica, sino que es algo transversal a todas las misiones académicas. Ciertamente, la RSC es un compromiso institucional con la comunidad que conlleva una proyección pública, pero no debería encuadrarse como una actividad de transmisión ni la de transferencia de conocimiento.

Cuando se busca medir el impacto de la universidad en la Sociedad a la que pertenece resulta muy complicado separar el que generan cada una de sus misiones y, quizá, tampoco tenga especial interés dicha separación.  El impacto en el PIB, en el empleo, en el retorno vía impuestos que recibe la Administración que las financia, por citar algunos indicadores clásicos de impacto, viene determinado por el conjunto de todas las acciones que se desarrollan en estas instituciones. Los estudios realizados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre la contribución de las universidades a su entorno son un buen exponente.

No obstante, desde hace una década, para dar un mayor reconocimiento a la Tercera Misión, el Reino Unido ha desarrollado un ejercicio de medición de impacto socioeconómico de la actividad investigadora de sus universidades públicas a través del llamado Research Excellence Framework. El enfoque, muy diferente al de los sexenios de transferencia de nuestro país, se basa en la exposición de casos de sus estructuras de I+D, que muestran cómo, a lo largo de un periodo de 10 años, los resultados de su investigación han dado lugar a innovaciones económicas y sociales. La consecuencia de esta evaluación es que aporta una financiación adicional relevante para la institución, en torno al 20%, que posibilita la financiación de la Tercera Misión.

En España, la Tercera Misión se ha venido incorporando a la actividad de la Universidad desde los años 90. Pero se ha desarrollado estirando los recursos que financiaban las otras dos Misiones. Es necesario destacar que esa Tercera Misión no es barata. En transferencia es necesario hacer un esfuerzo relacional y comercial muy importante, un gasto en protección del conocimiento que es caro, una inversión en prueba de concepto y en desarrollo de negocio que es arriesgada y costosa. Y no es sólo tarea de los académicos. Requiere personal técnico y directivo especializado y profesionalizado en transferencia de conocimiento, conocedor de la dinámica empresarial y los procesos de innovación, que todavía tienen un recorrido largo después de lo que aportan los investigadores.

El pasado mes de septiembre, la principal organización global de transferencia de conocimiento del mundo, AUTM organizó en Sitges una reunión con 18 organizaciones similares de todos los continentes -la española RedTransfer entre ellas-, para reflexionar sobre la profesión de transferencia de conocimiento y la medición de su impacto. Las conclusiones de esta cumbre reflejan la necesidad de combinar muchas especialidades en la profesión, de fomentar e impulsar los mecanismos de certificación profesional en transferencia de conocimiento globales, y de aportar nuevas perspectivas de métricas en transferencia.

El reconocimiento de la transferencia de conocimiento en España debe mirar el tratamiento que esta cuestión está teniendo en los países más innovadores, en los que ya se ha asumido que la Tercera Misión requiere un aporte adicional de financiación al de las otras dos Misiones. Y debe contar con el colectivo profesional existente. Las OTRIs forman parte de ese colectivo. Relegarlas a meros tramitadores, como se ha hecho en muchas universidades, es un error y, en parte, explica, en mi opinión, que los resultados en transferencia de conocimiento no sean acordes a los que nos corresponderían por nuestra producción científica. El impulso a la transferencia y a la transmisión de conocimiento deberá prestar atención a las unidades profesionales que complementan a los académicos en la función de difundir, valorizar y transferir el conocimiento para contribuir al desarrollo social y económico.

¿TERCERA MISIÓN O TERCERA DIVISIÓN?

Articulo de Fernando Conesa en el Informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo 2017

Hace tan sólo 10 años vivimos una cierta “cresta de la ola” en el ámbito de la transferencia de conocimiento. El discurso, las políticas, las iniciativas, los recursos económicos, los indicadores. Todo parecía empujar. No podíamos imaginar, entonces que, una década más tarde, habríamos retrocedido tanto. No en el discurso, para el que la transferencia se mantiene en el mismo bla-bla-bla. Pero sí en las realidades, al menos para el sector universitario donde, según lo que nos dicen la mayor parte de indicadores, la interacción con empresas sigue sin superar el bache de la crisis, las patentes no generan retornos y las pocas spin-off que se crean no crecen como cabría esperar. La sensación, para algunos es que, en España, la alabada “tercera misión” se ha quedado en “tercera división”.

¿Qué nos ha pasado?

Seguramente, son varias las causas de este retroceso y hay interdependencia entre ellas. Valga para ello la siguiente reflexión.

La literatura sobre transferencia de conocimiento –usaré este término con el mismo sentido que si utilizase intercambio de conocimiento o de transferencia tecnología- siempre ha incidido en la “eliminación de obstáculos” como una de las formas de mejorar su comportamiento. Más importante que la disponibilidad de fondos para la transferencia o más importante que la acción comercial para vender conocimiento ha sido el que las leyes, las normas o los procedimientos fueran favorables a la relación empresa-academia y que propiciaran confianza entre las partes.  Las leyes y regulaciones que se introdujeron en España en los 80 y en los 90, las estructuras que se establecieron para facilitar la relación, especialmente las OTRIs, ayudaron a que se generaran cauces y a que creciera la confianza. La confianza animaba a tener iniciativa y a creer que las cosas podían hacerse. Los resultados, fueron mejorando, aunque algunos de ellos, cierto es, no terminaban de dar los frutos esperados.

La crisis económica estalla en 2008. Pero en paralelo a la crisis, en España empiezan a salir a la luz los casos de corrupción y, con ellos, un clamor popular exigiendo control, transparencia, auditoría, supervisión. Es inevitable que cualquier persona de buena fe se indigne con la malversación, con la prevaricación, con el abuso de poder. Y que pierda la confianza, no ya en los políticos, sino en general. Y, casi sin darnos cuenta, hemos cambiado valores clave: de la cultura de la confianza pasamos a la cultura de la desconfianza y del temor.

En este contexto, especialmente en el sector público, que maneja el dinero de todos, se mide al milímetro la responsabilidad que uno tiene y la seguridad con la que uno hace las cosas. Y se instala una manera de actuar por la que, ante todo, uno debe proteger sus actuaciones. De modo que, para sacar adelante una iniciativa, hay que elaborar informes, recabar autorizaciones, pedir opiniones, obtener aprobaciones de comités, comisiones y consejos. Todo ello en número elevado, implicando esfuerzo de muchos y provocando que los plazos para hacer algo sean largos y pesados. Y cuando se acomete una iniciativa, se debe documentar lo realizado, registrarlo, haber seguido todos los pasos y tener evidencias de cada uno de ellos, justificar lo gastado y someterse a verificación de cualquier detalle. De este modo, bajo el principio de “hacer bien las cosas”, que nadie puede discutir, nos hemos burocratizado miserablemente.

Llevándolo a la temática de estas líneas (aunque ocurre también en otros ámbitos), algunas situaciones que responden a lo descrito están siendo demoledoras para la actividad de investigación y de transferencia de conocimiento. Así está ocurriendo con la contratación de personal, asfixiada por las tasas de reposición y por sentencias judiciales sobre el carácter no temporal de muchos contratos dependientes de proyectos; o con la fiscalidad sobre el IVA en investigación, que está obligando a ingresar IVA deducido y a sospechar que tras las pretensiones de colaboración en I+D+i se esconden servicios mercantiles; o con la justificación de subvenciones, que está obligando a devolver partes importantes de subvenciones por supuestas incorrecciones en su ejecución. La puntilla la está dando la nueva legislación de contratación pública, que ocasiona serias dificultades a la autonomía de gestión de los gastos menores de los proyectos de I+D por parte de los Investigadores Principales de los mismos.

Todos estos “palos” han llenado de temor a los responsables universitarios, y de carga de trabajo adicional a todo el personal, bajo el pretexto de “hacer bien las cosas” y de “cumplir escrupulosamente la ley”. Así, podríamos decir que la misión de “transferir conocimiento” ha sido sustituida por la misión de “hacer bien hecha” la transferencia de conocimiento (o lo que sea, ¿qué más da?). Y se percibe claramente cómo en la universidad española ha ganado peso político lo normativo frente a lo académico. Se ha vuelto más importante tener el ticket del taxi que me llevó a la reunión que lo que pude conseguir en la reunión.

Este cambio de valores impacta en todo, pero creo que el impacto es más acusado en aquellas actividades acostumbradas a mayor grado de libertad y a mayor necesidad de confianza, como son las mercantiles, en las que se inscribe la transferencia de conocimiento. Pese a la recuperación económica, no se ha reactivado la contratación de I+D entre universidades y empresas. Los estudiosos de las relaciones universidad-academia tienen razón cuando inciden en la eliminación de obstáculos como aspecto principal para desarrollar la transferencia de conocimiento.

Otro aspecto que merece reflexión es el modelo de transferencia de conocimiento que se ha desarrollado en la universidad española. El conocido como art. 83 de la LOU (o art. 11 de la anterior LRU) establece unas reglas de juego con un sistema de incentivos muy singular e inexistente en otros países. Es conveniente recordar que dicho artículo nace en el contexto de la legislación de incompatibilidades de los empleados públicos, obligando a canalizar por la universidad la actividad “privada” de los profesores universitarios, que de esta manera pasa a ser una actividad de la propia universidad.

El “art. 83” ha sido en la universidad española lo que el “Bayh-Dole Act” fue en la universidad americana.  Éste otorgaba a la universidad propiedad sobre los resultados de investigación de sus profesores, mientras que aquél otorgaba propiedad a la universidad sobre las capacidades de sus profesores. El “art. 83” ha sido una medida muy inteligente, muy sencilla de aplicar y muy adaptada a la realidad socioeconómica española.  Y fue una medida clave para propiciar que el ratio de financiación empresarial de la actividad investigadora universitaria haya sido superior en España (hasta hace pocos años) a la media de la OCDE y, por encima, de países como Francia o Estados Unidos, según las estadísticas OCDE.

Pero el “art. 83” genera un modelo con desequilibrios que cada vez resultan más problemáticos. El principal es la orientación hacia la consultoría y hacia actividades de corto plazo, en detrimento del uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial (IPR) como instrumento base de la transferencia de tecnología, tanto vía licencia como vía spin-off. Y es que la consultoría e incluso la subcontratación de servicios de I+D es lucrativa a corto plazo. Pero, por el contrario, los incentivos en patentes, por atractivos que resulten en las normativas, son inciertos y a largo plazo. En las ocasiones que he tenido de comparar los indicadores de licencias de las universidades con OPIs y otros centros públicos no universitarios, que no cuentan con el nivel de incentivos que supone el art. 83, he podido comprobar como en dichos centros los retornos por licencias han sido, en proporción a su tamaño, sensiblemente superiores a los de las universidades.

El “art. 83” también impacta, a la baja, sobre los precios de los contratos de I+D porque muchas veces éstos se presupuestan a gastos marginales, en lugar de a costes reales y, a cambio no se hay compensación por titularidad o explotación de los resultados. En la medida en que la “unidad de negocio” es el IP y su grupo y no una unidad de mayor tamaño, su poder negociador frente a una empresa grande es limitado. Por otro lado, la generación de unidades de mayor tamaño que el grupo como los centros e institutos universitarios de investigación, apenas ha permitido a éstos, y mucho menos al conjunto de la universidad, establecer políticas de incentivos a partir del “art. 83”, que se mantiene bajo el control y la discrecionalidad del IP. Así, no se ha podido aprovechar las opciones que Horizonte 2020 abría permitiendo “bonos” como incentivos por trabajar en sus proyectos. Adicionalmente, bajo el entorno de temor desarrollado en los últimos años, hay cuestionamiento sobre el alcance de aplicación de los incentivos del “art. 83” a lo que no sea estrictamente contratación de servicios, dejando la actividad en colaboración fuera de dicho entorno de incentivos.

El bajo uso de las spin-off como mecanismo de transferencia de conocimiento puede estar impactado por el art. 83, pero no creo que sea tan importante. Las spin-off requieren personal con capacidad en desarrollo de negocio y también financiación privada. Lo segundo está comenzando a aparecer en España, pero no estamos consiguiendo generar personas con capacidad para desarrollar este tipo de empresas, en las que resulta clave disponer de perfiles gerenciales avanzados para operar en contextos tecnológicos internacionales y de búsqueda de financiación privada.

He dejado para el tercer lugar de esta reflexión la cuestión referida a las políticas públicas de fomento de la transferencia de conocimiento. La contracción de los fondos para investigación e innovación han sido la característica más relevante de los últimos años. Diría que es unánime la queja sobre esta cuestión por parte de los actores de la I+D de nuestro país, que han visto cómo otros países, también requeridos a realizar ajustes, incrementaban los recursos en I+D, convencidos de que sólo así obtendrían una riqueza mayor y sostenible que les permitiera el equilibrio futuro de sus cuentas.

Los recortes que hemos sufrido no se han aplicado por igual en los diversos instrumentos de política de investigación e innovación. Las cifras que publica la Sectorial de I+D de la CRUE muestran claramente que, en lo posible, se ha buscado proteger los recursos para personal investigador y, algo menos, los dedicados a proyectos. Y que, por otro lado, se ha intentado eliminar lo superfluo.

En España, las políticas públicas de fomento de la transferencia de conocimiento más habituales han sido las que apoyan los proyectos en colaboración entre las empresas y los centros académicos y las que apoyan las estructuras de interfaz, bien sean del tipo OTRI o Centro de Innovación y Tecnología.

Los recortes en los proyectos en colaboración han sido compensados, en cierta medida, por la financiación europea del Programa Marco. Pero las políticas de apoyo a las OTRIs, simplemente, han desaparecido. Mientras que países como Francia (véase el caso de las SATT) o el Reino Unido (véase los Catapult Centres) reforzaban sus estructuras de apoyo a la valorización de los resultados de investigación, en España se acabaron los PETRA y las unidades del Ministerio que tenían que ver con políticas de valorización fueron perdiendo, con sucesivos bandazos, primero la inteligencia acumulada sobre políticas de transferencia de conocimiento, para, a continuación, ser extinguidas. Para justificarlo, se hizo un discurso sobre el mal funcionamiento de las OTRIs y se creó el espejismo de que este tipo de figuras debían ser autosostenibles, poniendo como referentes lo que ocurre en MIT, Oxford o Stanford.

Pues bien, si parecía que España había asumido con fuerza la Tercera Misión de las universidades (o la función transferencia, como se decía desde las OTRIs), lo que hoy podemos ver es que no ha sido así. Es evidente que la universidad pública necesita financiación pública. Si tiene que enseñar, necesita financiación para la docencia: si quiere investigar, necesita fondos para ello, y si quiere transferir, también necesita una financiación adicional a lo anterior. Durante mucho tiempo hemos funcionado en modo Carrefour “3 por 2” a base de voluntarismo y de multiplicarse el personal académico y el personal no académico. Se ha estirado el dinero recibido para la función docente, que es el estructural, de modo que se pudieran cubrir algunas tareas adicionales de gestión de la transferencia.   Se ha estirado el dinero para investigación, que tiene carácter temporal, porque había que proteger los resultados de investigación y la investigación en colaboración justificaba abordar tareas de transferencia de conocimiento. Pero cuando la financiación de la docencia o de la investigación no ha dado para estirar, nos hemos encontrado con que una nueva misión en la universidad no contaba con una financiación adicional adecuada. Por otro lado, el estatuto funcionarial del personal universitario no parece ser el más adecuado para desempeñar esa función.  Casi no se ha movido nada para resolverlo, posiblemente, porque no resultara importante.

La misión relativa a transferencia de conocimiento es más costosa de lo que muchos pensaban. La protección jurídica del conocimiento es cara. La identificación de conocimiento útil para innovación requiere personas especializadas en los diversos ámbitos disciplinares y con conocimiento sobre los mercados. La generación de relación y de confianza para abordar procesos de innovación de forma colaborativa precisa personas dedicadas a ello y recursos para viajar, para implicarse en diversidad de redes. La maduración de los resultados, en solitario o en colaboración con empresas interesadas en los mismos implica inversiones que son riesgosas y que requieren paciencia para que generen retornos. Y así, un etcétera que vale muchos dígitos. Ciertamente, la transferencia de conocimiento puede generar retornos directos. Con ellos hay que contar. Pero es un error grave esperar que tales retornos directos proporcionen autofinanciación a la función de transferencia. Quienes lo consiguen son la excepción de la regla.

Por último, un análisis crítico de la situación en la que estamos requiere una reflexión sobre las OTRIs. Han pasado casi 30 años desde que el Ministerio lanzó la política que generó esta figura, que la mayor parte de las universidades incorporaron a su organización. Hacerlo así permitió una homogeneidad y cultura común inicial. La situación actual dista mucho de lo que fueron los primeros 10-15 años. El Ministerio cuenta con un registro de OTRIs y, por eso, se mantiene el nombre. Pero, en la actualidad, estas oficinas no realizan las mismas funciones sino lo que las respectivas Universidades quieren de ellas. Incluso para la tarea más común entre todas ellas, la protección de resultados vía patente, se abordan tareas diferentes: unas OTRI evalúan, otras se implican en la redacción, otras simplemente tramitan…

No obstante, siendo diferentes en funciones y tareas, las OTRI están muy impactadas por todo lo que ha afectado a la transferencia de conocimiento, expuesto más arriba. Así, las OTRI han experimentado el cambio de valores producido en su entorno y podemos ver muchos casos en los que el miedo a generar algún incumplimiento pesa más que el interés por valorizar y llevar al mercado el conocimiento generado en las universidades. De este modo, muchas adoptan un rol reactivo de revisión de los documentos que se deben firmar. Posiblemente, más porque quien firma quiere estar tranquilo que porque la OTRI no desee una función más creativa. Hay razón en la crítica de burocratización que se nos hace, pero también es cierto que responde al interés de la dirección de la institución universitaria.

El modelo de transferencia de conocimiento en España también ha configurado fuertemente lo que son estas oficinas. El “art. 83” incide en que predomine la función de promoción general de la relación universidad-empresa y la revisión administrativa de contratos frente a la de desarrollo de negocio basada en una protección del IPR y conducción o acompañamiento del proceso de innovación, mucho más habituales en otros países. Las políticas implementadas para dar soporte a las OTRI permitieron incorporar personal junior, pero no profesionales experimentados, con conocimiento sobre las tecnologías y las dinámicas empresariales o con experiencia en aspectos jurídicos sobre IPR o sobre la interfase público-privada, cuyo salario podría ser superior al de un catedrático, como ocurre en MIT, Oxford o Stanford.

La ausencia de políticas de apoyo a las OTRI en los últimos años, no sólo ha reducido recursos para su actividad, sino que ha provocado la progresiva dilución de una cultura común y una referencia de oficina compartida entre las universidades. No sólo entre las propias OTRIs, sino también entre los Vicerrectores de Investigación. La vinculación entre investigación y transferencia de conocimiento propia de una visión global de ambas actividades se ha ido deshaciendo como ha puesto de manifiesto la segregación de las Unidades de Gestión de la Investigación o las Oficinas de Proyectos Europeos de las OTRIs. Esta evolución no está siendo sustentada con un discurso que cuente con un racional o un debate sólido, sino que parece más la consecuencia de las circunstancias externas que han llevado la gestión de la investigación o la captación de fondos europeos al top de las prioridades.

La RedOTRI de Universidades, que fue la expresión de la cultura común en las décadas alrededor del cambio de siglo ha sufrido esta descomposición, agravada por el desmantelamiento de su secretaría técnica desde la CRUE. Los esfuerzos para reinventarla no han sido efectivos porque requieren de la implicación de los responsables políticos, tanto de las universidades como, también del gobierno, a través de sus políticas.

Estamos pasando malos tiempos en el ámbito de la transferencia de conocimiento. Los motivos son profundos y difíciles de resolver. Pero, a la vez, plantean retos apasionantes para renovar valores, modelos, políticas y organización, pues ninguna dificultad puede detener el interés que tiene la comunidad universitaria por generar conocimiento y aplicarlo para el beneficio de la sociedad.  “Bad times come, bad times go”, dice la canción. Reconocer las dificultades no es derrotismo, sino prepararse para que puedan venir otros tiempos mejores.

Fernando Conesa Cegarra, RTTP
Universitat Politècnica de València

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